Arbitrariedad e injusticias contra una trabajadora del gobierno

Liset Acosta Ríos 

Yo, Liset Acosta Ríos, ciudadana cubana, con residencia en el Municipio Mayarí, provincia de Holguín, denuncio el mal proceder con mi persona en el centro laboral UEB Servicios Técnicos, Personales y del Hogar, por aplicárseme injustamente la medida disciplinaria 46-2917, separación definitiva del centro laboral por actividad económica ilícita, donde expongo que hubo arbitrariedad así como aplicación de una medida injusta, nociva, destructiva y con perjuicios personales, morales, existiendo tergiversación de los hechos ocurridos durante el año pasado, el 2016, producto de una auditoría económica por solicitud mía a la entidad donde yo laboraba, debido a que notaba irregularidades con los técnicos que aquí trabajaban.

Hago el  comentario que luego de dirigirme a mi dirección municipal, así como mi propia entidad provincial, es decir, la UEB Provincial de Servicios Técnicos, Personales y del Hogar en los cuales expuse mi situación transcurrida antes y después de la auditoría, también la respuesta de la apelación a la Fiscalía Municipal Mayarí y la Fiscalía Provincial, que amparaban y mantenían tan insustentable e injusta sanción y con respuestas concisas, decidí remitir mi queja al Comité Provincial del PCC, al Comité Municipal del PCC Mayarí, al Consejo de Administración Provincial y al Consejo Administración Municipal Mayarí, a la CTC Provincial y al Comité Municipal de la CTC donde aún no he recibido respuesta de ninguno de estos organismos políticos de la provincia, y me mantengo sin ingreso económico para el sustento de mi familia.

Yo denuncio a todos los medios y vías de comunicación en nuestro país y el exterior mi inconformidad ante el manejo de la situación personal, que empaña mi estabilidad emocional, mi conducta moral ante la sociedad y mi familia. Además tengo el reconocimiento de mis compañeros de trabajo que defienden mi posición y apelan al buen juicio de los máximos dirigentes de nuestra provincia, o me veré en la obligación de escribir a las instancias nacionales u otras vías de protección de derechos humanos que viabilicen situaciones como la mía.